La perspectiva de género, ¿un discurso vacío?

Es un día frio de invierno en Ottawa, la nieve anteriormente blanca se ensucia tras el paso de las botas que desfilan frente a un conjunto de estatuas donde se encuentran cinco mujeres sentadas en una mesa tomando el té en la colina del parlamento canadiense. Al pasar de los años, aún cuando las huellas desaparecen, esta estatua mantiene firme el legado de estas valientes mujeres quienes en 1927 inquirieron a la Suprema Corte si las mujeres eran “personas”.

La perspectiva de género se refiere a los procesos sociales y culturales construidos históricamente que atribuyen un carácter jerárquico a los géneros, otorgándoles roles y diferenciándoles con base al sexo. Este término cobró importancia en el año 1995 durante la Cuarta Conferencia sobre la Mujer donde los Estados se comprometieron a garantizar a las mujeres el acceso equitativo a oportunidades sociales, económicas y políticas. Años después, en la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe llevada a cabo en Brasilia en el 2010, se acordó adoptar todas las medidas de acción positiva, así como todos los mecanismos necesarios para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política. De igual manera, los partidos políticos se comprometieron a incorporar agendas con enfoques de género y participación igualitaria.

En cumplimiento a estos acuerdos, en el 2014 se aprobó en nuestro país una reforma que exigía que la mitad de las candidaturas que propusieran los partidos políticos se otorgaran a mujeres. Hoy, la LXIV legislatura, cuyo lema precisamente es “La legislatura de la paridad de género” ha logrado una cifra histórica: 48% de las curules son ocupados por mujeres en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado, la representación femenina es de un 49% del total.  Es digno de reconocer que, hasta ahora, una mayor presencia de las mujeres en el Congreso de la Unión se ha traducido en una mayor atención a los temas relacionados con las garantías de sus derechos tal como las reformas en materia del aborto, de la maternidad subrogada, de la llamada legislación “porno venganza”, de la promulgación de La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como de la creación del Instituto Nacional de las Mujeres.

Si bien es cierto que la legislación actual ha triunfado en estos aspectos gracias a la apertura de espacios en las candidaturas, lamentablemente ésto no se ha trasladado a los órganos de toma de decisiones como los órganos internos de los partidos o altos cargos dentro de las legislaturas, los cuales siguen siendo presididos por un mayor número de hombres. El simple hecho de que hoy en día exista un mayor porcentaje de mujeres en la política, no significa un triunfo per se, ni tampoco una mayor representación de los intereses de este sector.  Sin duda alguna, aún hay mucho por hacer.

A manera ilustrativa, se han dado casos de candidaturas simuladas como la penosa anécdota de “Las Juanitas”, la relegación de  mujeres a los peores sitios dentro de las listas electorales, la trata política de mujeres y el nepotismo cuando ante la imposibilidad de postulación de los varones, apuntan a familiares o personas de su confianza para poder seguir ejerciendo poder en la política bajo una pantalla de equidad. Hasta ahora las cuotas de género no han servido para garantizar un lugar a las mujeres dentro de la vida política, sino que han servido como un simple medio para llegar a ella.

Por lo demás, según el reporte del Índice de Desigualdad de Género del  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2018), la relación de hombres y mujeres con empleo es de 72% a 47,1% respectivamente. Así mismo, se señala que únicamente el 10% de las mujeres empleadas alcanza puestos directivos en América Latina, sin dejar de mencionar que las mujeres reciben en promedio un ingreso 8.3% menor que los hombres por el mismo trabajo realizado. Adicionalmente, persiste la discriminación y los estereotipos relacionados al hogar, al machismo, y a la violación de políticas de maternidad.

Otra medida muy controvertida en torno a la perspectiva de género ha sido el lenguaje inclusivo. Desde hace algunos años, la costumbre de decir “señoras y señores”, “niñas y niños”, se juzga como una escrupulosa precisión lingüística en homenaje a la equidad de género, pero que lamentablemente no va más allá de eso. En cambio, lo que sí es inquietante, es que según la Organización de las Naciones Unidas, vivimos en uno de los países con mayor violencia hacia las mujeres. En promedio, en México cada 24 horas se denuncian 80 casos de delitos como abuso sexual, pederastia y hostigamiento.

Ante esto, el gobierno ha implementado alertas de violencia de género, planteando desde protocolos de investigación sobre feminicidios hasta programas de prevención de la violencia. Sin embargo, en los 27 municipios de los tres estados de la república en los cuales se ha activado la alerta por violencia de género, (Estado de México, Jalisco y Morelos) la situación es grave y la alerta no ha logrado ningún cambio significativo. Según estimaciones de Amnistía Internacional,  con todo y alerta, ayer murieron 7 mujeres, hoy morirán 7 más y mañana morirían otras 7. Lo peor de todo, es que estos casos quedarán en su mayoría impunes o en algunos estados ni si quiera serán tipificados como feminicidios. Son ya tristemente bien conocidos reclamos de madres cuyas hijas salieron de casa sin saber que jamás volverían, madres como las de Mara, Fernanda, Katya o Abigail quienes fueron víctimas de violación o feminicidio por el simple hecho de haber nacido mujeres.

Sin embargo, nuestros legisladores siguen apostando a la ingenua creencia de que los problemas de género serán solucionados con solo la promulgación de leyes, como si la poca voluntad de todo un sector que no ha querido resolver estos problemas se pudiese con un plumazo o la desvelada de un legislador. La equidad de género se logrará -si llega a hacerlo- solamente a través de un proceso paulatino y de reforma continua, en el cual la perspectiva de género permanecerá por muchos años más dentro de las agendas políticas nacionales y globales.

Por tanto, es urgente encontrar soluciones de facto y no solo de iure. Debemos entender que tanto el lenguaje inclusivo, las cuotas y alertas de género y demás medidas en pro de la equidad de género, no son autónomas, sino que deben garantizar a su vez, las medidas necesarias para lograr condiciones en las cuales las mujeres podamos realmente contar con las mismas oportunidades que los hombres. Solo mediante cambios estructurales lograremos traducir la perspectiva de género en una mayor pluralidad de experiencias, visiones y preferencias que nos harán más conscientes de este problema, más tolerantes y, sobre todo, más inclusivos como sociedad.

La perspectiva de género ha servido como un mero espectáculo mediático y no como una medida de cambios sustanciales, que solo proyecta imágenes idealistas de la equidad de género, sin garantizar los medios necesarios para reducir la brecha salarial, la violencia política, la violencia de género o la trata de blancas. De esta manera, no podemos decir que hemos logrado ningún avance. Debemos vencer esta absurda división ente hombres y mujeres y acabar con la otredad para poder alcanzar la homogeneidad humana. Solo así es que algún día hombres y mujeres tendremos las mismas oportunidades no en función del género, si no en virtud de ser todos parte de algo mayor, más allá de esta distinción: de ser seres humanos dignos de respeto y reconocimiento.

91 años después del cuestionamiento planteado por “las cinco valientes” debemos preguntarnos si las mujeres realmente somos consideradas como personas no solo para efectos de ser elegibles para un cargo político, si no, para poder llevar una vida libre y plena, para lograr nuestras metas profesionales y personales; no solo porque una ley así lo diga o una autoridad así lo decrete. Lo que realmente nos hará iguales a hombres y mujeres más allá del lenguaje inclusivo y las acciones positivas son acciones concretas y no enmiendas, soluciones y no paliativos, cambios y no disculpas ni condolencias, acciones y no discursos vacíos.

Por: Rubí Márquez Alonso

Estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana. Tiene un Diplomado en Oratoria, Liderazgo y Comunicación Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Cámara de Diputados. Labora como asistente legal en la notaría pública no. 2 y en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Orizaba. Es presidenta de Liderazgo Internacional, A.C. y anteriormente se desempeñó como diputada juvenil, campeona estatal y nacional de concursos de oratoria, debate y modelos de Naciones Unidas.

El estado de la Relación Bilateral México-Estados Unidos a dos años de Trump

Twitter: @Adalishu

Este año se cumplen dos años desde que Donald J. Trump tomó protesta como presidente de los Estados Unidos de América. En la memoria de muchos queda aquel primer discurso público a mediados del 2015 en el que anunció su intención de contender a la carrera por la Casa Blanca, y en donde declararía abierta y explícitamente su opinión negativa y sesgada de México en relación a los temas migratorio, comercial y político. En el transcurso de su campaña presidencial, Donald Trump hizo tres promesas de campaña que involucraban directamente a nuestro país: la renegociación o eventual salida del TLCAN, la intención de realizar una deportación masiva de inmigrantes indocumentados, y en especial, la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre ambos países, el cual además, propuso sería pagado por México.

En principio, el gobierno mexicano tuvo que asumir una postura defensiva ante la retórica negativa del entonces candidato. No obstante, su sorpresiva victoria en noviembre del 2016 puso al gobierno México en la complicada tarea de tener que desarrollar un plan de acción que no solo viera por los intereses de la nación y de sus connacionales en el extranjero, sino que a su vez, lograra mantener una relación de mutuo respeto y cooperación con el gobierno entrante en Estados Unidos.

De este modo, las posturas y políticas de la Era Trump han provocado que en el transcurso de dos años surjan una serie de efectos tanto internos como externos en México y en Estados Unidos: Internamente, nuestro vecino del norte ha enfrentado una creciente polarización social que ha dado cabida a un fenómeno de normalización de actitudes racistas y xenofóbicas hacía ciertos grupos de la población que representan a las minorías. Por otro lado, en México se ha percibido un regreso del sentimiento de desconfianza hacia EE.UU., el cual se había ido desvanecido casi por completo.  Externamente, el efecto más notorio ha sido la creciente crisis diplomática entre ambos Estados, situación que si bien no ha llegado a niveles catastróficos, ha puesto a prueba una relación bilateral que históricamente es conocida por ser sumamente compleja.

Del TLCAN al T-MEC

En más de una ocasión, Trump declaró que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés) ha sido el “peor tratado alguna vez negociado”. Aunque administraciones anteriores habían planteado la posibilidad de una eventual renegociación del pacto comercial, fue hasta la llegada de Donald Trump que se puso el tema sobre la mesa.

El 18 de mayo del 2017, Robert Lighthizer, Representante Comercial de los Estados Unidos, notificó al Congreso la decisión de la actual administración de renegociar el Tratado junto con Canadá y México, con la intención de abordar el déficit comercial de bienes de los E.E.U.U, eliminar ciertos subsidios, crear nuevos empleos en el sector de manufactura en territorio nacional, y actualizar las restricciones de propiedad intelectual[1].

Debido al carácter volátil del actual presidente de los Estados Unidos y sus constantes declaraciones acerca de la posibilidad de la salida de los Estados Unidos del Tratado, tanto México como Canadá comprendieron que el asunto de la renegociación y modernización de éste representaba un gran reto para el multilateralismo y el libre comercio. De esta manera, la primera ronda de negociación del tratado se llevó a cabo en agosto del 2017.

Tras siete rondas de negociación, la última en marzo del 2018, todavía quedaban pendientes varios capítulos a discutirse, incluyendo el discutido asunto del sector automotriz y las reglas de origen. El entonces presidente Enrique Peña Nieto, por su parte, expresó su confianza en que se concretaría un acuerdo para antes de agosto. A finales de ese mes, representantes de México y Estados Unidos anunciaron haber llegado a un acuerdo bilateral preliminar del tratado, el cual no incluía a Canadá. Sin embargo, la incertidumbre acerca del futuro de un tratado bilateral concluyó el 30 de septiembre, cuando representantes canadienses y estadounidenses llegaron a un acuerdo para actualizar el TLCAN. Este nuevo tratado, el cual recibió el nombre de T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), fue firmado por los jefes de Estado de los tres países en el marco de la cumbre del G20 el 30 de noviembre del 2018, el día previo a la toma de protesta de Andrés Manuel Lopez Obrador como Presidente de México. El acuerdo comercial, si bien sustituirá al TLCAN en un futuro próximo, todavía debe de ser ratificado por los congresos de los tres países previo a su entrada en vigor probablemente para 2020[2].

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, asisten a la ceremonia de firma del USMCA antes de la cumbre de líderes del G20 en Buenos Aires, Argentina, 30 de noviembre de 2018. Kevin Lamarque / Reuters

Un punto en particularmente complicado para México durante este proceso fue la intención de Estados Unidos de utilizar el tema migratorio como carta negociadora. En abril del 2018 el presidente Trump, a través de su cuenta de Twitter, declaró que la renegociación del TLCAN debía condicionarse a un endurecimiento en la aplicación de leyes migratorias por parte de México, esto, con el fin de detener el flujo de entrada de migrantes indocumentados a territorio estadounidense[3]. Por su parte, el entonces Canciller Luis Videgaray declaró que era inaceptable un condicionamiento de la renegociación del tratado a acciones migratorias, añadiendo que corresponde a México decidir de su política migratoria como nación soberana[4].

Dado este contexto, se pudiera concluir que, después de dos años, el gobierno de Trump logró su meta de actualizar el tratado de manera que fuera más benéfico no solo para los Estados Unidos, sino también para Canadá y México. Sin embargo, es evidente que este tratado no contempla bajo ningún contexto un endurecimiento de las políticas migratorias por parte de México, contrario a lo que sostenía Trump en sus declaraciones.

Migración y Xenofobia en la Era Trump

Una de las primeras acciones del gobierno de Donald Trump en enero 2017 fue introducir la orden ejecutiva 13769, la cual impedía la entrada a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana a los Estados Unidos. Aunque dicha orden fuera enmendada para incluir a dos países adicionales e impidiera a su vez la entrada de refugiados, ésta sería parcialmente bloqueada por un juez federal.

Sin embargo, las acciones anti migratorias no se detuvieron ahí: Al mismo tiempo, se introdujeron la orden ejecutiva 13767, la cual, ordenaba la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México; y la orden ejecutiva 13768, cuyo fin era recortar fondos federales a aquellas ciudades que no cumplieran con las medidas de aplicación de leyes de inmigración. Las tres órdenes firmadas durante la primera semana de gobierno de Donald Trump, serían solo un adelanto de lo que vendría después.

El 5 de septiembre del 2017, el Presidente Trump y el entonces Fiscal General de los Estados Unidos Jeff Sessions anunciaron el final de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), programa implementado desde 2012 por el gobierno de Barack Obama que además de proteger de la deportación a miles de indocumentados, les otorga el derecho a la autorización de empleo[5]. Aunque el anunciado fin del programa no implicaba la deportación automática de los beneficiarios del programa, esta orden impediría la renovación a largo plazo y a su vez, no aceptaría nuevas solicitudes para inscribirse al programa.

Según el Pew Research Center, existen aproximadamente 690,000 inmigrantes no-autorizados registrados en el programa DACA, de los cuales, casi el 80% (548,000) son de origen mexicano[6]. En respuesta a las declaraciones de Trump y Sessions, el Canciller Videgaray refrendó el compromiso del gobierno de México de brindar el apoyo necesario a los beneficiarios del programa DACA en materia de protección consular, asesoría legal y representación jurídica. Añadió, a su vez, que en caso de suceder, México estaría preparado para recibir a estos jóvenes de regreso en su país de origen[7]. Por el momento, es incierto el futuro de los miles de beneficiarios de DACA que han logrado renovar su permiso, lo cual continúa siendo un tema de presión por parte de Donald Trump hacia el Congreso.

En marzo del 2018, una caravana migrante con origen en América Central inició su viaje hacia los Estados Unidos para solicitar asilo humanitario. En respuesta, a mediados de 2018, el gobierno los Estados Unidos tomó un giro aún más estricto en torno al control de la frontera sur, al implementar en mayo de ese año una política de cero tolerancia que resultó en la separación de más de 2,600 menores de sus familiares por parte de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Debido a la fuerte oleada de críticas recibidas tanto al interior de los Estados Unidos como por parte del gobierno mexicano y la comunidad internacional, esta política fue suspendida casi un mes después. Sin embargo, para octubre, el Departamento de Defensa envió 5,000 tropas a la frontera con el objetivo de contener y fortalecer la frontera[8].

Por su parte, México no estuvo exento de críticas ante esta crisis humanitaria. Políticos, sociedad civil y sector privado criticaron al gobierno mexicano, al expresar su consternación sobre la posibilidad que México implementara una política migratoria que sirviera a los intereses de EE.UU. para fines políticos. Asimismo, una crítica importante fue la falta de respuesta del gobierno mexicano ante la separación de menores de sus padres. El Canciller Videgaray eventualmente condenaría la política migratoria estadounidense, y añadiría que el gobierno no sería indiferente a la violación de los derechos humanos de menores de edad, incluso aunque solo el 1% de los casos implicaba a connacionales mexicanos[9].

Para fin del 2018, la crisis migratoria persistía, y no se definía un plan de acción concreto que pudiera aliviar la situación en la frontera y de los cientos de migrantes estacionados en México. El gobierno de los Estados Unidos envió una comunicación a la Cancillería mexicana en la que se planteaba la intención de aplicar la sección 235(b)(2)(c) del acta de inmigración y nacionalidad de los Estados Unidos de América. En sentido práctico, el efecto de esa sección implicaría la repatriación de nacionales de terceros países hacia México. Kirstjen Nielsen, Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., aseguró que el proceso se llevaría a cabo de manera legal y en cooperación cercana con las autoridades mexicanas. Sin embargo, la Cancillería emitió varios comunicados de prensa en los que aclaraba que el gobierno mexicano no había aceptado de manera verbal o escrita dicha propuesta, ni firmado documento o convenio alguno al respecto. El Canciller Marcelo Ebrard reiteró a su vez que México no firmaría ningún tratado que lo obligara a adoptar un estatus de Tercer País Seguro, al ser un compromiso internacional con carácter vinculante[10]. Esta disparidad en las declaraciones de ambos países, además de provocar una falta de entendimiento, han entorpecido acciones para atender la crisis humanitaria que actualmente se vive en la frontera.

En este sentido, la retórica antimigratoria de Trump ha logrado de alguna manera normalizar la xenofobia en los Estados Unidos hacía la comunidad migrante. Hay que recordar que un gran factor en la victoria de Donald Trump fue el importante apoyo recibido por los estados predominantemente de población blanca, religiosa, y de clase media a baja. Al enfocarse Trump durante su campaña en culpar a los migrantes por los problemas económicos y de violencia de los Estados Unidos, logró obtener una fuerte base de seguidores que, en la actualidad, han justificado sus acciones racistas y xenófobas con ser afines a las acciones del gobierno estadounidense.

Ante esta situación, el gobierno mexicano debe fortalecer su red consular en Estados Unidos para garantizar la seguridad y el bienestar de los casi 40 millones de mexicanos que viven en ese país. México cuenta con la red consular más grande del mundo al contar con 50 consulados dentro de Estados Unidos, por lo que si bien, el alcance es amplio, se requiere una determinación adicional de la Cancillería y el Gobierno Federal para garantizar que todas las representaciones tengan la misma capacidad de asistir a un connacional en caso de emergencia.

El Muro Fronterizo

Un reportaje del New York Times relata que desde el 2014, el ahora presidente de los Estados Unidos utilizaba su cuenta de Twitter para expresar la necesidad de la construcción de un muro[11]. Iniciada su campaña, Trump prometió a su electorado que, de ser electo, volvería este muro una realidad. Una vez que Trump tomó protesta en enero 2017, además de firmar la orden ejecutiva que ordenaba la construcción del muro entre ambos países, declaró que México pagaría por el muro a través de un impuesto del 20% a los productos mexicanos que ingresaran el mercado estadounidense[12]. Posteriormente, a través de su cuenta de Twitter, Trump sugirió al entonces presidente Enrique Peña Nieto no realizar su visita programada a Washington si su país se negaba a pagar el muro. En respuesta a estas declaraciones, Enrique Peña Nieto anunció en su cuenta oficial de Twitter que no asistiría a la reunión planeada con Trump, decisión que confirmó el inicio de una crisis diplomática entre ambos Estados.

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Muro fronterizo entre México y Estados Unidos.

A pesar de la insistencia de Trump, el gobierno de México realizó un importante esfuerzo por mantener la relación bilateral estable a pesar de las notorias diferencias de posturas políticas entre sus mandatarios. En diciembre del 2017, la Cancillería emitió un comunicado de prensa que destacó los avances en la relación bilateral, entre los cuales se mencionaron las más de 20 visitas de trabajo del Canciller Videgaray a Estados Unidos, el refuerzo a la cooperación en materia de seguridad y la celebración de conferencias y reuniones de alto nivel en materia de desarrollo y migración[13].

A un año del inicio del nuevo gobierno estadounidense, se tenía contemplado que el Presidente Enrique Peña Nieto realizara un viaje oficial a Washington, como parte de la estrategia diplomática para promover la buena relación entre ambos países. Sin embargo, durante una llamada telefónica que mantuvieron Peña Nieto y Trump, surgieron de nuevo fuertes desacuerdos por el tema de la construcción del muro. Para México era muy claro que el financiamiento de un muro no solo era ofensivo, sino que también iba en contra de la soberanía y los intereses del país. Ante la negativa de Trump de retractarse públicamente sobre su promesa de hacer que México pagara el muro, Peña Nieto tomó la decisión de cancelar nuevamente la visita de Estado.

Durante la renegociación del TLCAN, Trump aprovechó para asegurar en más de una ocasión que el éxito del mismo estaría sujeto a que México aceptara pagar el muro, declaración que el gobierno mexicano negó rotundamente durante el transcurso de la negociación. Una vez que se concretó la negociación y se firmó el T-MEC, Trump escribió en Twitter que México estaría pagando el muro a través del nuevo tratado. Sin embargo, aún si el nuevo acuerdo es una versión revisada y actualizada del TLCAN, este no incluye lenguaje alguno que contemple o que condicione a México a financiar dicha construcción. Adicionalmente, el T-MEC tampoco contempla ni agrega nuevas tarifas a los productos exportados de México a los Estados Unidos[14].

Sin embargo, Trump continúa en busca de financiamiento para el muro a través de otras instancias. El 22 diciembre del 2018, se declaró un cierre parcial del gobierno en Estados Unidos, situación que ocurrió una vez que Demócratas y Republicanos no lograron llegar a un acuerdo sobre el destino del presupuesto anual. El origen de este cierre se encontraba, precisamente, en la exigencia del presidente Donald Trump de destinar 5,700 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo[15]. Este cierre, el cual se ha convertido en el más largo de la historia de los Estados Unidos, además de provocar grandes pérdidas económicas para el país, demostró que efectivamente no sería México el que otorgaría los recursos para el muro, contrario a la promesa de Trump.

Dos años después, ¿qué sigue?

El gobierno estadounidense ha implementado políticas migratorias mucho más estrictas que, incluso, han ido en contra de los derechos humanos. Por lo anterior, México ha tenido que fortalecer su red consular para proteger a sus connacionales en Estados Unidos, al mismo tiempo que ha tenido que atender una crisis migratoria en la frontera norte. El tema del ofensivo muro fronterizo ha resultado ser más un asunto de política interna para Estados Unidos, contraria a la intención de Trump de hacer del muro un tema de política exterior cuya intención era responsabilizar directamente a México.

Históricamente, la política exterior mexicana ha estado alineada a los intereses de los Estados Unidos. La llegada de Trump a la presidencia representó entonces no solo un cambio radical en la relación bilateral, sino también una ventana de oportunidad para México de ejercer una política exterior más firme ante el vecino del norte.  En dos años, México ha enfrentado uno de los retos más grandes de su historia con Estados Unidos. Mucho se ha especulado de un posible juicio de destitución a Trump por sus nexos con los rusos durante las elecciones del 2016, pero mientras este escenario no suceda, el gobierno mexicano entrante deberá continuar por mantener una relación con el gobierno de Trump y saber responder atinadamente a nuevos retos que puedan surgir.

Aunque las amenazas y acciones de Trump han puesto a la relación bilateral en la cuerda floja en más de una ocasión, ésta ha logrado mantenerse estable gracias a los esfuerzos diplomáticos de los representantes de ambas administraciones. Para México, será vital fortalecer una relación tan compleja e interdependiente como la que se tiene con Estados Unidos, independientemente del gobierno en turno y los años que le resten al fenómeno. Con la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el reto para México entonces será consolidar una política exterior integral, que continúe apostando por más puentes y menos muros.

Autora: Adali Frias Deniz

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Tapatía, Licenciada en Relaciones Internacionales por el ITESM. Delegada Juvenil de México ante las Naciones Unidas. Ha sido colaboradora en temas bilaterales con el Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara y la Embajada de México en Estados Unidos.  

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[1] Trump’s Foreign Policy Moments. May 18, 2017. Revisiting NAFTA. https://www.cfr.org/timeline/trumps-foreign-policy-moments

[2] Peña, Trump y Trudeau firman el T-MEC. 30 de noviembre del 2018. Milenio. http://www.milenio.com/negocios/t-mec-pena-trump-trudeau-firman-tratado

[3] Trump plantea condicionar TLCAN a que México endurezca leyes migratorias. 23 de abril del 2018. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/trump-plantea-condicionar-tlcan-que-mexico-endurezca-leyes-migratorias

[4] Inaceptable, condicionar renegociación del TLCAN a acciones migratorias: Videgaray. 23 de abril del 2018. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/inaceptable-condicionar-renegociacion-del-tlcan-acciones-migratorias-videgaray

[5] Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). USCIS. https://www.uscis.gov/es/acciondiferida

[6] Lopez, G y Krogstad, JM. Key Facts about unauthorized immigrants enrolled in DACA. 25 de septiembre del 2017. Pew Research Center. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/09/25/key-facts-about-unauthorized-immigrants-enrolled-in-daca/

[7] Refrenda el Canciller Videgaray apoyo de México a Dreamers. 11 de septiembre del 2017. SRE. https://consulmex.sre.gob.mx/littlerock/index.php/historico-de-comunicados/216-refrenda-el-canciller-videgaray-apoyo-de-mexico-a-dreamers

[8] Trump’s Foreign Policy Moments. May 18, 2017. Revisiting NAFTA. https://www.cfr.org/timeline/trumps-foreign-policy-moments.

[9] Hay 21 niños mexicanos separados de sus padres en EU; SRE condena política cruel e inhumana. 19 de junio del 2018. Animal Político. https://www.animalpolitico.com/2018/06/ninos-migrantes-mexicanos-sre-videgaray/

[10] Mensaje del Canciller sobre la decisión del Gobierno de EEUU de implementar la sección 235(b)(2)(c) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad. 24 de diciembre del 2018. SRE. https://www.gob.mx/sre/prensa/mensaje-del-canciller-sobre-la-decision-del-gobierno-de-eeuu-de-implementar-la-seccion-235-b-2-c-de-su-ley-de-inmigracion-y-nacionalidad?idiom=es

[11] Nixon, R. y Qiu, L. Trump’s Evolving Words on The Wall. 18 de enero 2018. The New York Times. https://www.nytimes.com/2018/01/18/us/politics/trump-border-wall-immigration.html

[12] Trump hará pagar a México el muro con un impuesto del 20%. 27 de enero del 2017. El País. https://www.elpais.com.uy/mundo/trump-hara-pagar-mexico-muro-impuesto.html

[13] México fortalece su relación con Estados Unidos en 2017. 25 de diciembre del 2017. SRE. https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-fortalece-su-relacion-con-os años de Trump:os a És de la “ntes estacionados y en tra fines polaron al gobierno mexicano, al expresar su consternacicrisis

[14] Valverde, M. No, Mexico isn’t paying for border wall through USMCA trade deal, despite Donald Trump’s claims. 4 de enero del 2019. Politifact. https://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2019/jan/04/donald-trump/no-usmca-trade-deal-wont-pay-border-wall-despite-d/

[15] Cierre del gobierno: Estados Unidos paraliza parte de la burocracia tras la negativa del Congreso a financiar el muro fronterizo de Trump. 22 de diciembre del 2018. BBC. Cierre del gobierno: Estados Unidos paraliza parte de la burocracia tras la negativa del Congreso a financiar el muro fronterizo de Trump

Control de armas: el tema ausente

Por: Marco Antonio Tovar

Durante mayo en México se celebró el tradicional Día de las Madres; ocasión perfecta para reunir a la familia con el objetivo de agradecer a quien nos gestó, así como a quien comparte la dicha de ser padres. Esta fecha permanecerá en nuestros recuerdos más preciados para casi todos, y es así porque no en todas las familias hubo motivo de celebración. Tal es el caso de los tres, ahora huérfanos, hijos de Margarita Rivera desde el pasado 6 de mayo engrosando las alarmantes cifras de víctimas directas e indirectas de la rampante violencia. Margarita, madre soltera de 47 años, era policía de la Ciudad de México cuando fue ejecutada con un revólver a mansalva por un delincuente durante plena jornada laboral cuando intentaba proteger a las víctimas de un asalto en el pasillo dos de la concurrida Central de Abasto de la Ciudad de México. Preocupa ya, el nivel de vulnerabilidad al que están expuestos quienes nos protegen ante armas de fácil acceso -entre 8 y 10 mil pesos por arma aproximadamente (CAP)- ,pero es más preocupante que un aspecto fundamental en tiempos de definición política no esté presente en las plataformas electorales de quienes buscan gobernarnos y prometen restablecer el orden. Me refiero al grave problema de la proliferación de armas en manos de los delincuentes y las débiles medidas de decomiso.

Margarita Rivera llevaba 17 años de servicio policial, su ejecución se dió en un realidad que afirma que en sociedades con fácil acceso a las armas como la nuestra, es esperado que el nivel de homicidios se incremente, aún más cuando éstas caen en manos de grupos criminales. Según datos de los especialistas, el mercado negro de armas provenientes de Estados Unidos a México alcanza los 100 millones de dólares por cada 213 mil armas que se calcula son transportadas anualmente hacia nuestro país, de las cuales la mayoría terminan reforzando los arsenales de células delictivas como la que ha ultimado a Margarita y a miles de mexicanos más.

Es probable que si existieran controles estrictos, el arma que mató a Margarita se hubiera decomisado. Pero ante tales faltas de vigilancia en nuestras fronteras y carreteras;Estados Unidos sigue poniendo las armas y México los muertos, de tal modo que esta proliferación pone en jaque a la población pero, irónicamente, también a las fuerzas de seguridad que deben protegernos. Tan solo en este año diez policías capitalinos fueron privados de la vida, mientras que el año pasado fueron 27 elementos los abatidos por la delincuencia.

Hablar de pobreza y corrupción es rentable, sin embargo, resulta imperativo recordar a los candidatos presidenciales y a sus asesores que el 61% de los mexicanos encuentran en la inseguridad el problema más importante a resolver pues sin seguridad en nuestras calles resulta ingenuo aspirar al desarrollo y crecimiento. Les conviene recordarlo.

Por ello, urge que aspirantes de los tres niveles replanteen y corrijan las políticas de seguridad que mitiguen los riesgos generados por la proliferación y tráfico de armas. Estas amenazas empezarán a contenerse en la medida que se imprima en la agenda conjunta de sociedad civil y autoridades la urgente definición de estrategias tanto de profesionalización de policías como de control de armas, pues resulta evidente que la relación negativa entre éstas y los niveles de violencia nos mantiene muy por debajo en el marcador de los logros como país. Continuar así resulta insostenible.

Analicemos que convivir entre armas –quizá con la mayor frecuencia y cercanía de la que imaginamos- escapa tanto de la normalidad para una nación dañada que busca reconciliarse, como de la legalidad que demanda el urgente restablecimiento del Estado de Derecho. Desde la sociedad civil estamos expectantes por conocer las medidas para endurecer controles y penas por portación ilegal de armas, pero si de nuestros candidatos no surge el interés de llevar esta discusión a debate, que no se diga lo mismo de nosotros los votantes quienes no deseamos ser parte de la ironía trágica en la que, por omisión de la autoridad, las armas que deberían proteger al ciudadano, lo terminen matando.

Quien crea que una estrategia de seguridad atraviesa solo por aumentar el número de patrullas o montar videovigilancia se equivoca al descartar de su análisis las causas de la violencia y su contexto. No se puede gobernar a un país, estado o municipio en cuya población se ha permeado la convivencia diaria con la violencia y el fácil acceso a las armas. La familia de la ex oficial Margarita y muchos de nosotros somos testigos de ello.

Por cierto, ¿usted conoce la postura sobre armas de su candidato favorito?

*El autor es consultor en seguridad de riesgos corporativos y politólogo por ITESM con especialidad en Política Pública por la misma institución.

Arritmia legislativa

Rousseau mencionaba en su obra El Contrato Social, que el Poder Legislativo era el corazón del Estado, resaltando la importancia de este órgano colegiado respecto de los otros dos poderes.

Siendo el poder legislativo en México, el depositario de la soberanía popular, es en efecto el corazón del Estado, ese lugar donde se escucha el latir del pueblo mexicano. Es aquí en donde la sociedad se ve reflejada, al ser una muestra de lo que somos y como somos a gran escala, contemplando nuestra pluralidad y diversidad.

Grandes retos y desafíos aquejan a nuestro país: son más de 50 millones de mexicanos los que viven en situación de pobreza; hay más de 30 millones rezagados educativamente; niveles de violencia en aumento; actos de corrupción que “se normalizan”; y otro reto que no pasa desapercibido, es la indiferencia de nuestra clase política. Ante ellos, vale la pena retomar la frase de Rousseau y preguntarnos ¿cómo se encuentra el corazón de México?

A mi parecer, ese corazón padece un tipo de arritmia (entendida en este caso como un latir demasiado lento o que tiene un patrón irregular), una arritmia legislativa, que encuentra su causa en los vicios del Poder Legislativo. Si elaboramos una escala de los mismos, pondría a su naturaleza reactiva por encima de las cuotas partidistas, de la disciplina del voto, de la auto imposición de bonos, de la falta de apego a la normatividad vigente en procesos legislativos, de la opacidad y la falta de transparencia del Congreso.

Reactiva porque en vez de proponer, prever y prevenir, en la mayoría de las ocasiones tenemos un congreso que opta por reaccionar a destiempo. Reacciona no sólo cuando ya existe un problema (normalmente avanzado), sino cuando ve una presión desde la opinión pública y la sociedad civil organizada. Para mí, ese es su mayor vicio, porque atenta directamente contra el objeto mismo y la razón de ser de un poder legislativo, misma que no sólo consiste en hacer reformas y leyes, sino que en el fondo, debe buscar mejorar la calidad de vida de sus representados brindándoles mayores y mejores oportunidades.

Son muchos los casos que ilustran el vicio que pretendo describir, basta con observar paralelamente lo que acontece en la realidad nacional y lo que se debate en el Congreso, para preguntarnos si:

¿Es realmente necesario que la SCJN emita una sentencia en la que ordene al Congreso de la Unión a emitir una ley de Publicidad Oficial, cuando ésta debió haberse expedido desde el año 2014, según el artículo tercero transitorio de la reforma político-electoral de 2014?

¿Es necesario, esperar a llegar a más de treinta y tres mil mexicanos desaparecidos para promulgar una ley de desaparición forzada (aprobada 17 de noviembre de 2017)?

¿Es necesario, esperar a que el ejército cumpla diez años de estar en las calles, actuando sin un marco legal que brinde certidumbre a su actuar y a los ciudadanos, y ya en varias ocasiones, incurriendo en violaciones a los Derechos humanos, para aprobar y promulgar una Ley de Seguridad Interior (21 de diciembre de 2017)?

¿Es necesario esperar a que las instituciones de seguridad estatales y municipales estén totalmente coludidas, corrompidas y rebasadas por el crimen organizado y el narcotráfico, para reabrir el debate sobre si es necesario un modelo de seguridad de mando único o de mando mixto?

¿Es necesario esperar a que Donald J. Trump llegue a la Presidencia de los Estados Unidos de América, para presentar iniciativas en favor de los migrantes deportados, cuando Obama ha sido el Presidente americano que más connacionales ha deportado (2.8 millones)?

¿Es necesario esperar a que la sociedad civil y la opinión pública recrimine y llamé la atención al Congreso, para eliminar el pase directo del Procurador de la República en funciones a la Fiscalía?

Las  elecciones que se avecinan el próximo 1 de julio, nos sitúan en un momento de coyuntura y de gran trascendencia nacional. El día de las elecciones tomaremos una decisión que marcará el rumbo del país, tomando en cuenta que tan sólo los jóvenes, representando casi el 30% de la lista nominal, pueden llegar a definir la contienda electoral. Esa decisión debe ir acompañada y precedida por una serie de interrogantes que uno debe hacerse y plantearse, y una de esas preguntas debe ser ¿Qué corazón queremos? ¿Un corazón arrítmico?.

Cuando la arritmia legislativa trae como consecuencias la procrastinación en la labor legislativa, y ésta no implica nada más prolongar o retrasar un proceso, sino que realmente lo que se prolongan son necesidades, padecimientos, derechos sin protección, se prolonga la corrupción, la pobreza y la desigualdad.

¿O más bien, queremos un corazón sano? Cuando la salud implica cuidarse y ahí está el anticiparse y prevenir futuras afectaciones; eso es lo que necesitamos, eligiendo  un congreso que sepa reaccionar a tiempo, necesitamos pronunciarnos por un congreso que pueda prevenir y anticiparse a los problemas, y para ello necesitamos un congreso que no sea indiferente, necesitamos un congreso de cuerpo completo, que pueda caminar y recorrer el país, que pueda ver y escuchar las necesidades y problemas de la gente.

Pero es necesario también, una sociedad civil que como lo ha hecho en los últimos años, funcione como marcapasos, corrigiendo esa arritmia legislativa, presionando al congreso para que se debatan temas que se encuentran en el sentir y latir de la gente.

Por: Daniel Roche Jorge

Estudiante de Derecho en el ITAM. Ha sido asesor en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Su mayor tema de interés es Derecho Constitucional.

El potencial perdedor de estas elecciones.

A unos meses de la contienda electoral, no podemos aún definir al ganador, pero ya podemos visualizar quién será el potencial perdedor. La respuesta no es tan difícil, y contrario a lo que algunos están pensando, no será ninguno de los candidatos que aparezcan en la boleta. El perdedor de esta elección (tal vez de todas) es el ciudadano.

Los aspirantes ya son candidatos, ellos ya ganaron por lo menos un lugar en la boleta, algunos recursos públicos y, sin duda, un lugar en la historia de México. Desde los “independientes” respaldados por las firmas de cientos de miles de mexicanos (o por lo menos así parece ser), hasta los candidatos partidistas respaldados por las ya conocidas estructuras partidistas, todos tienen algo que ganar.

No es pesimismo, es realidad. Los ciudadanos hemos perdido ya desde el momento en que no nos sentimos identificados o representados por  ninguno de los candidatos. No he escuchado a nadie (salvo a aquellos seguidores acríticos) afirmar que alguno de los candidatos le convence al cien por ciento como para brindarle su voto el próximo 1 de julio. Para muchos de nosotros, es la primera vez que votamos para elegir al Presidente de la República y, a decir verdad, la primera vez que percibimos angustia y preocupación de no saber en manos de quién dejar la dirección del país durante los próximos 6 años.

Cuando digo que no encontramos representación, es porque ninguno de los candidatos ofrece una plataforma seria con propuestas concretas y soluciones reales a los problemas del país. Las pre- e intercampañas, que para el efecto son lo mismo que la campaña electoral, han mostrado nuevamente las formas más convencionales y poco efectivas de intentar ganarse la confianza de la gente. Los políticos siguen alejados de intentar hacer frente a las exigencias reales de la ciudadanía. Estas campañas han servido a los candidatos, no para convencer a la gente de que ellos y sus propuestas son la mejor opción, sino para intentar convencer de que el otro y sus propuestas son peores.

Los ataques personales son constantes mientras que las propuestas son esporádicas y casi ausentes. Y es que es solo mediante las propuestas que podemos ubicar a aquel que en realidad queremos que nos represente. El saber si un candidato tiene naves industriales, o si el otro tiene autos de lujo, o si la esposa de uno va al súper o no, no sirve de nada para tomar una decisión consciente que permita tachar, o no, su nombre en la boleta. Necesitamos conocer qué proponen, cómo van a combatir la pobreza, la corrupción, la violencia, la impunidad, de qué manera piensan solucionar las enormes desigualdades del país, brindar mayor protección a mujeres, niños, indígenas, acelerar el crecimiento económico, enfrentar los retos globales que el país enfrenta en la actualidad. Pero de esto poco se habla.

Espero, que ahora con el reciente inicio de campañas se inicie también un proceso serio y real de debate y confrontación de ideas. Esperemos que los debates se centren no en engrandecer el ego y la persona de los candidatos, sino en que cada uno presente una plataforma seria que nos permita a la ciudadanos poder elegir la mejor opción, la que mejor nos represente basados en propuestas y no tengamos que contemplar este 1 de julio como la fatídica fecha en que tendremos que tachar al que menos escándalos le sacaron, al que mejor librado haya salido de la guerra sucia. Cada vez cansa más tener que elegir al “menos peor”.

Ariel Carbajal. Duranguense y mexicano de tiempo completo; estudiante de derecho en ratos libres.
Twitter: @arielcarbajalr

El mérito: un valor diluido en el servicio público

Recientemente el presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció tres cosas [1]: la primera, que congelará su sueldo y el de los altos cargos; segundo, despedir al 25% de los cargos de confianza del gobierno argentino; y tercero, la prohibición a los ministros de Estado para que puedan tener familiares trabajando dentro de las instituciones que encabezan. En este sentido, el anuncio lleva a hacer un análisis desde diferentes visiones; en primera instancia, la medida pudiera resultar atractiva ante la opinión pública y un amplio sector de la sociedad que exige un cambio en la manera de gobernar, seguramente la aprueba; sin embargo, hay que detenerse a pensar en todas las implicaciones que una decisión de ese tamaño tiene para el funcionamiento de las organizaciones públicas de aquel país sudamericano, como un ejemplo de lo que sucede en cualquier administración pública latinoamericana. Contrario a los posibles beneficios que puedan resultar de las acciones anunciadas, se hace necesario plantear las siguientes interrogantes:

  • ¿Congelar los sueldos de los servidores públicos repercutirá en la dignificación de su labor como servidores públicos?
  • ¿Se habrá hecho el análisis correspondiente para determinar que es necesario despedir al 25% de los cargos de confianza del gobierno argentino?
  • ¿Despedir a los familiares de los ministros que trabajan en las instituciones habla de un sistema de  ingreso al servicio público deficiente?

Más allá de las dos primeras interrogantes, (que son objeto por sí mismas de otro profundo análisis) me he de concentrar en lo relacionado a la tercera de ellas: la prohibición para que los ministros puedan tener familiares trabajando en el gobierno. Desde mi punto de vista, la medida refleja cierta debilidad institucional en el ingreso al servicio público en la administración pública argentina. Me explico: si estos ministerios ya hubieran consolidado un adecuado proceso de ingreso y atracción del talento por medio de un servicio profesional de carrera adecuado, y que incluso gozara de legitimidad, no se haría necesario realizar la exclusión automática de familiares de los ministros, ya que bajo este supuesto ideal las personas que forman parte de las organizaciones públicas, ocuparían su encargo apegadas a un valor fundamental: el mérito.

Pero… ¿qué se necesita entonces para contar con un adecuado sistema de ingreso al servicio público?

Primero, voluntad política para que la visión de las cúpulas políticas y administrativas asuman como una prioridad la implementación de un servicio profesional de carrera, que beneficie la atracción, el desarrollo y la retención del talento humano, contrarrestando la visión de botín y el compadrazgo en la ocupación de posiciones al interior de las instituciones públicas. Segundo, contar con especialistas que formulen un servicio profesional robusto que contemple que, para incorporarse a él se tomen en cuenta los conocimientos, la experiencia, las habilidades, aptitudes, competencias y sobre todo vocación por el servicio público, ésta última como un requisito indispensable para ayudar a devolver credibilidad a los servidores públicos, dignificar su labor, y entregar mejores resultados a la sociedad. Y tercero, contemplar los mecanismos para que el servicio profesional pueda ser evaluado, y actualizado, esto permitirá hacer dinámico el proceso de atracción, desarrollo y retención del talento ya que las personas no son estáticas y sus necesidades, intereses y desarrollo irán cambiando con el paso del tiempo.

Ahora bien, ¿qué hay del caso mexicano?

Según el último informe: “Panoramas de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017” [2]:, que fue realizado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), en el apartado sobre la Gestión de Recursos Humanos, de 2004 a 2012-2015, México cayó o se estancó en todos los índices: mérito en el servicio civil, gestión de compensación, y capacidad institucional de la agencia de servicio civil. En este contexto, países como Brasil y Chile consiguieron altas puntuaciones y mejoras considerables en la materia, pero no sólo ellos, Ecuador, El Salvador y Perú lograron mejorar su sistema de Gestión de Recursos Humanos de forma considerable; por lo que el estancamiento mexicano se ve contrastado con la realidad de todos estos países en la agenda de la profesionalización del servicio público.

Imagen 1

Los números reflejan el estancamiento y abandono del Servicio Profesional de Carrera en el Gobierno Federal, y la nula implementación en los gobiernos estatales y municipales de un servicio civil. En este contexto, las próximas elecciones son un motivo perfecto para que, tanto las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los mismos servidores públicos, subamos el tema a la agenda pública nacional, y planteemos un serio debate sobre la necesidad de robustecer, actualizar, y para el caso de municipios y estados, implementar servicios civiles que ponderen el activo más importante de cualquier institución pública: las personas que las integran.

Dignificar el servicio público es una tarea que nos corresponde a todos. Esto coadyuvará en buena medida para transformar la percepción social de los servidores públicos en dos sentidos; primero, para que seamos vistos como los agentes que cristalizarán los cambios en las administraciones públicas; y por otro, como las personas que bloqueen, señalen y propicien el castigo de quienes hacen un mal uso del ejercicio del poder público que se les confiere.

Apostarle a la profesionalización del servicio público requiere de un cambio de paradigma, ya que, además de requerir recursos financieros, se necesita cambiar la negativa percepción existente de que las instituciones públicas son un botín que nos es prestado por cierto periodo de tiempo y que por lo tanto habremos de vaciar lo más rápido posible, antes de que se nos venza el plazo.

El mérito es el valor fundamental por el cual se debe ingresar al servicio público, bajo una visión a mediano y largo plazo. Con ello, se encontrará el camino adecuado para que en un futuro no se haga necesario tomar medidas como las que recientemente ha implementado el presidente argentino, Mauricio Macri.

Gonzalo Alberto Vera Carmona

Servidor público. Licenciado en Gobierno y Administración Pública por el INAP. Fundador del Portal de Administración Pública. Cofundador de Enlace Latinoamérica.

 

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[1] https://elpais.com/internacional/2018/01/29/argentina/1517233348_239442.html  “Macri congela el sueldo del Gobierno y prohíbe contratar a familiares para mejorar su imagen”, El País, consultado el 29 de enero de 2018.

[2]  https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7979/Panorama-de-las-Administraciones-Publicas-America-Latina-y-el-Caribe-2017.pdf ,consultado el 31 de enero de 2018.

 

“Te ganó una mujer” digámoslo con orgullo.

Charles Fourier decía a principios del siglo XIX que la extensión de los privilegios de las mujeres es la causa fundamental de todo progreso social. Dos siglos después, la inequidad de género, sigue siendo una problemática mundial.

La brecha salarial de género se refiere a la diferencia entre la remuneración que recibe una mujer con respecto a la de un hombre que ocupa una plaza al mismo nivel. Es decir, a pesar de que las mujeres tengan el mismo nivel educativo, las mismas –o mejores– habilidades que sus colegas y mayor experiencia laboral, en promedio tienen una menor remuneración salarial que los hombres por el simple hecho de ser mujeres.

A principios de año, Islandia se convirtió en el primer país a nivel mundial en promulgar una ley para la igualdad salarial de género tanto en el ámbito público como en el privado. Resulta difícil imaginar la existencia de una iniciativa de esta naturaleza si pensamos que hombres y mujeres no tienen porqué recibir salarios distintos. Retomando el caso de Islandia, a partir del 1ro de enero del año en curso, todas las empresas y dependencias de gobierno, con más de 25 empleados, tendrán que someterse a una auditoría que avale la igualdad salarial dentro de su organización. En caso de dar un veredicto positivo, las instituciones o empresas recibirán un certificado público, el cual tendrán que renovar cada tres años. De modo contrario, si presentan alguna inconsistencia salarial – hacia los hombres o hacia las mujeres – tendrán que subsanarlo de manera inmediata.

El país nórdico busca acabar con la brecha salarial cercana al 5.7% que aún existe. Todo este proceso, estiman que podría culminar para el año 2021. Las auditorias darán inicio con las grandes corporaciones, las cuales tendrán hasta finales de este año para acabar con las diferencias salariales. Las pequeñas y medianas empresas, tendrán hasta el 2021. El costo de la auditoría nacional será de grandes proporciones, no obstante se espera que los beneficios sociales y económicos a largo plazo sean por mucho mayores.

Es importante resaltar, que estas acciones van acompañadas de una realidad y una cultura nacional que permite, por así decirlo, tener un campo fértil para llevar a cabo estas políticas públicas. A continuación haré un ejercicio comparativo entre lo que vive Islandia y la situación mexicana.

Esta pequeña isla nórdica, tiene aproximadamente 330 mil habitantes, prácticamente el mismo número de residentes que la ciudad de Cuernavaca. Su Producto Interno Bruto per cápita es más de 2.5 veces el nuestro; $45,000 dólares al año por persona. Cerca del 98% de la población usa y tiene acceso a Internet, 43% más que en nuestro país. En temas educativos, aproximadamente el 24% de la población entre 25 y 54 años, tiene un grado universitario; en México el 17% lo tiene. En Islandia, hace más de 100 años se le permitió el voto a mujer; más de 30 años de ventaja contra México. Los periodos de maternidad y paternidad, son ambos de 90 días para los ciudadanos del país nórdico. En contra parte, el periodo de maternidad en México es de 84 días para la mujer y 5 días de paternidad para los hombres. En su historia, 2 mujeres han llegado a ser jefas de estado, mientras que en México aún ninguna.[1]

Inclusive las dinámicas familiares son importantes de analizar. En promedio las mujeres en Islandia se casan hasta los 28 años; los hombres a los 30. A los 25 años solo el 14% de las mujeres están casadas; mientras que únicamente el 6% de los hombres. Las mujeres tienen su primer hijo a los 31 años y tienen entre uno y dos hijos en promedio. En el caso mexicano, las mujeres suelen casarse a los 23 años y los hombres a los 25. Aproximadamente el 50% de las mujeres está casada a la edad de 25, así como el 35% de los hombres. Las mujeres tienen su primer hijo a los 27 años y suelen tener entre 2 y 3 hijos.[2]

¿A qué voy con todo esto? Evidentemente Islandia tiene circunstancias favorables, que le permiten agilizar caminos hacia el progreso social y económico; es un país pequeño, con altos niveles de productividad, una larga historia en la ampliación sobre los derechos de la mujer, buenos niveles educativos, un acceso a Internet casi total, y dinámicas familiares particulares. Contemplando estas diferencias, surge la pregunta de cuál es la situación en México con respecto a la igualdad salarial de género. Les adelanto: no son buenas noticias.

En el Índice Global de Brecha de Género, elaborado por el Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 81 de 144. Sin embargo,  en el rubro de Participación y Oportunidades Económicas, México está en la posición 124, por debajo de países latinoamericanos como Venezuela, Nicaragua y Honduras, entre muchos otros. [3] Asimismo según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) nos encontramos por debajo de la media de los países miembros en cuanto a la brecha salarial de género.[4]

INDIC GLOBAL DE BRECHA DE GÉNERO

¿Esto qué quiere decir? Económicamente significa que existe una evidente discriminación hacia la mitad de nuestra fuerza laboral, provocando ineficiencias en la productividad. A su vez los incentivos económicos y laborales están mal direccionados; ocasionando un menor acceso al sector formal y una menor recaudación fiscal. La valoración económica de nuestro capital humano conlleva un factor de género; promoviendo menores niveles de participación educativa para las mujeres, al no haber oportunidades reales de crecimiento equitativo. Por tanto, nuestro potencial económico está diezmado. Una cuestión que en su conjunto no resulta lógica ni sostenible.

¿Qué necesita México para cerrar esta importante brecha, tal y como lo está logrando Islandia? En mi opinión dos cosas: “nivelar el terreno de juego” y una revaloración justa del trabajo de la mujer.

Por “nivelar el terreno de juego” me refiero a neutralizar todas las justificaciones por las cuales los salarios suelen verse discriminados. Por mencionar algunos, y basándome en las recomendaciones de la OCDE, el Estado podría promover: 1) el fortalecimiento el sistema educativo; 2) la profesionalización de los servicios de cuidados infantiles (mejorar el sistema de guarderías) y de adultos mayores; 3) la extensión en los periodos de maternidad y paternidad remunerados (obligatorio especialmente para los hombres); y 4) la implementación de leyes en contra de las barreras de género.

Posteriormente, es innegable la doble labor que realizan, en México, un alto porcentaje de las mujeres económicamente activas que son madres de familia. Según datos del INEGI, el 30% de los hogares mexicanos están encabezados por una mujer. Además, 43% de las mujeres con hijos son económicamente activas. Este valor agregado que generan las mujeres (formación de valores y carácter de los niños y jóvenes, la estabilidad familiar y el fortalecimiento de la estructura social) está definitivamente infravalorado social y económicamente. Así, la revaloración del trabajo de la mujer tiene que ser parte de la ecuación: sí o sí.

En México estamos todavía lejos de cerrar la brecha salarial de género. Las desventajas de este problema son muchas, mientras que los beneficios de eliminarlo son invaluables. Es momento de transformar cuestiones que parecerían tan simples como el abandono del tono burlón con que se dice “te ganó una mujer” y comenzar a decirlo con orgullo y objetividad. Solo entonces ganará la mujer y ganaremos todos.

Por: Pedro Casas-Alatriste Loperena.

 

Referencias:

[1] World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2017, Suiza. Disponible (en línea): http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf

[2] op.cit.

[3] op.cit

[4] Base de datos de la OCDE. Disponible (en línea): http://www.oecd.org/gender/data/gender-wage-gap.htm

La cultura de paz, un movimiento de transformación positivo para el mundo

#WorldPeaceBuilders

La paz es la base para la construcción del desarrollo de todas las naciones y es parte de los derechos humanos que todo individuo debe gozar y que los Estados deben garantizar. Este concepto forma parte de los llamados derechos de “tercera generación”, adoptado en 1984 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz.

Hablar de la paz a lo largo de la historia, ha traído palabras aparejadas como: guerras, conflictos, enfrentamientos, luchas, violencia, muertes y migración, y esto no es una percepción incorrecta, pues como Johan Galtung señala: “la paz no es ausencia de guerra, sino la transformación de los conflictos y superación de las formas de violencia (violencia estructural, violencia cultural y violencia directa)”.[1]

Es precisamente por eso que debemos darle la debida importancia al concepto de cultura de paz, de cooperación y  de solidaridad al desarrollar un conjunto de actos concatenados. Estos para que los individuos de una comunidad puedan desarrollar diversas actividades en un estado de libertad, incentivando el diálogo, y la negociación. Estos últimos, como instrumentos principales para poder crear consensos, formar acuerdos entre las personas, grupos y naciones, basándose en la dignidad humana e interactuando en condiciones de respeto, tolerancia, igualdad y cohesión social.

Imagen dentro del texto PAZ

Es fundamental crear condiciones de convivencia entre todas las personas. Sin embargo, es un proceso sumamente complejo, ya que existen diversas realidades, donde cada ser humano es único y esa esencia hace que todos le demos un significado a nuestro universo. Así se refleja la gran diversidad, de todas las culturas del mundo. Por eso tenemos que definir el rumbo sobre cómo queremos que se lleve a cabo ese proceso, que debe partir desde lo colaborativo, lo participativo e impulsando el ejercicio de las libertades individuales con mayor responsabilidad y compromiso.

Si bien el ser humano se ha olvidado de la esencia de existir, de disfrutar de la felicidad, de su capacidad de asombro, de innovación y de creación, debido en gran medida a la forma en cómo nos relacionamos con nuestro espacio social, es necesario  plantear que la esencia actual de los seres humanos es buscar un progreso a partir de una mayor cultura de paz en cada una de las regiones a nivel global.

Nos debemos replantear el presente y el futuro común como una sola especie: la humana. En un mundo donde presenciamos el existir de sociedades cerradas, nacionalistas y ortodoxas, son momentos donde existe una ruptura en los temas de coyuntura global, y es justo donde deben nacer y fortalecerse causas, comandadas por personas con dotes de liderazgo, asumiendo retos, creando movimientos que hagan nuestro existir en la Tierra en un estado más armonioso y un entorno más equilibrado.

Una de esas bases es partir de fomentar una cultura de paz, insertar valores, actitudes y comportamientos que rechacen la violencia y que prevengan conflictos, así como resolver situaciones complejas a través de una actitud de diálogo y constructiva, que aporte siempre en positivo, siempre con la visión de dejar huella, de heredar a las futuras generaciones una humanidad más integral y menos caótica.

Hay quienes soñamos con los pies en la tierra para convertir esos pensamientos mágicos en una realidad basada en hechos y en conjuntos de acciones. Juntos sumemos, construyamos nuevos puentes de entendimiento y que con esta transformación de la idiosincrasia nuestro planeta nos pueda ver evolucionar y así los pueblos puedan prosperar.

 

Jorge Iván Flores Camacho

Chiapaneco, abogado por la UNAM, cofundador de Diálogos A.C., Director de Atención a Pueblos Originarios en WPB. Parlamentario Juvenil de México y miembro de Kybernus. Ha sido Director de Formación y Orientación en la SJRyD en Chiapas, actualmente es Asesor General.

Facebook: www.facebook.com/jivanflorescamacho

Twitter: @jivanFC

 

[1] Galtung, Johan, A Theory Of Conflict: Overcoming Direct Violence, Ed. Transcend University Press, 2010, 320 pp.

 

O haces historia, o no se hace.

Es el año 2048, tu hijo votará por primera ocasión en una elección presidencial. No sabe qué hacer, no sabe por quién votar, ni a quien apoyar. No es capaz de distinguir entre información veraz y noticias falsas, no sabe qué candidato lo está engañando, ni cuál de ellos representa la mejor opción. Justamente en sus clases de historia estudia la segunda década del siglo XXI, la llaman: El Momento Histórico. Entonces se le prende el foco, y se acerca a ti, su persona de mayor confianza, quien además vivió ese gran momento; qué mejor persona para acudir que un ciudadano que fue parte del proceso electoral del 2018.

¿Qué pensaba la gente? ¿Cómo te sentías tú al oir sobre tantos actos de corrupción? -Te pregunta. En sus clases le cuentan sobre los robos millonarios que habían en nuestra época, se habla del desvío de recursos que estaban destinados a los damnificados del sismo del 19 de septiembre, del caso de Odebrecht, la Casa Blanca. Te pregunta sobre las grandes protestas contra la impunidad, los mexicanos exigiendo la extradición de algún político mexicano preso en otro país y levantando la voz en contra de la ‘Estafa Maestra’. Sabe que a partir de nuestros años la corrupción disminuyó drásticamente, pues los ciudadanos ya no la aceptábamos más. Estábamos hartos y respondimos en las calles, en las redes y en las urnas.

¿De qué se hablaba en las calles? ¿Qué le exigían los ciudadanos al gobierno? Pregunta intrigado acerca de lo que se discutía en la arena política. No entiende qué pasó con la Ley de Seguridad Interior. No comprende cómo la aprobó el Congreso y la promulgó el Presidente, a sabiendas de la pronunciación en contra por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), así como la reprobación de la CNDH, el INAI y muchos organismos nacionales e internacionales de la sociedad civil. Le cuesta trabajo concebir la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y no la de iniciativas favorables como #SinVotoNoHayDinero.

¿Cómo era vivir en ese año? ¿Cómo era México cuando por primera vez se pudo votar por candidatos independientes a la presidencia? Él sabe que fue en ese entonces cuando los ciudadanos se independizaron de los partidos y contendieron por primera vez a cargos de elección popular. De esta manera, castigando a malos gobiernos, a partidos corruptos y a políticos incompetentes. Ha leído que a pesar de las trabas del sistema, muchos candidatos independientes lograron cumplir los requisitos y representar a sus ciudadanos en todos los niveles. Está impresionado por la forma en la cual los ciudadanos recuperaron la política y el gobierno.

El año 2018 fue un momento histórico para México. Lo anterior, debido al combate a la corrupción, la impunidad y la violencia, por iniciar una nueva era de empoderamiento civil, de activismo social y político, de gobiernos hechos por y para los ciudadanos. Fue un año donde la única autoridad electoral era la ciudadanía activa e informada. Fue un tiempo de transformación y progreso en todos los niveles y materias. Tu hijo te pregunta si fuiste motor de cambio en esos momentos donde México estaba tan frágil. Quiere saber qué hiciste tú en ese entonces, porque tanto en el 2018 como ahora, 30 años después, son los ciudadanos los que marcan las pautas, los que tomen las decisiones, los que exigen y hacen. Cuando tu hijo te pregunte, le dirás con orgullo que fuiste de los mexicanos que hicieron historia.

 

@Milo_barrera

Ermilo Barrera es estudiante de octavo semestre de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), colabora activamente en organizaciones civiles y coordina el área de innovación y desarrollo de la empresa Yucatan Concierge. Fue becario de la octava edición del Programa de Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina de la Fundación Botín. Sus temas de interés son política energética, democracia y desarrollo social. 

Los culpables de siempre

Por: Bernardo Sainz

El pasado 19 de septiembre, junto con la tragedia, despertó la ciudadanía. Historias de solidaridad, ejemplos de civismo y diversas propuestas políticas y sociales llenaron nuestras conversaciones y muros de Facebook. Las demandas de la sociedad para mejorar los controles y procedimientos de construcción y los protocolos de emergencia no se hicieron esperar, las críticas generales al gobierno tampoco. Sin embargo, hubo un reclamo ciudadano que me llamó la atención más que el resto: la exigencia a los partidos políticos para que destinen el presupuesto de las campañas electorales al fondo para desastres o a la reconstrucción de las zonas afectadas.

¿Por qué esa tendencia generalizada a que un fondo preciso y limitado por ley se utilizara para el desastre y no otros? ¿Por qué no se juntaron firmas para quitar dinero de los aguinaldos de legisladores o de lo incautado a Javier Duarte? Sí, las campañas políticas son un despilfarro injustificado y la calidad de nuestros partidos políticos es en general deplorable, sin embargo, creo que hay varios puntos a reflexionar en cuanto a la naturalidad con la que se dio esta inmensa petición ciudadana, que incluso llegó a batir records en change.org.

Lo interesante de la cuestión es que parece que lo único que nos une tanto como la ayuda al prójimo en tiempos de necesidad es nuestra aversión a los partidos políticos. La legitimidad de los partidos mexicanos está por los suelos y todos estamos hartos de las estériles campañas electorales. A pesar de esto, creo que el trasfondo de este rechazo va más allá. Me sorprendió ver, derivado de la crisis, a muchas personas cuestionando la existencia misma de los partidos políticos.

En principio se entiende la necesidad que teníamos los mexicanos de buscar un chivo expiatorio y nadie mejor que los partidos para culpar de nuestros males, aunque estos vengan en forma de movimientos tectónicos. En México los partidos son el objetivo perfecto para que la ciudadanía descargue su enojo con el sistema simplemente porque “todos son iguales, son una bola de rateros”.

La pregunta es burda, simple y amplia, y tal vez no tendría lugar en otras democracias modernas: ¿Son necesarios nuestros partidos políticos? En otras palabras: ¿Son los partidos en México un mal necesario o un bien mal implementado?

No milito en ningún partido, y creo que más de uno de los partidos actuales no debería de existir. Sin embargo, si pretendemos vivir en una democracia moderna, para bien o para mal debemos creer en los partidos políticos.

No los voy a marear con la misma cantaleta de siempre: “cada uno tiene que cambiar para que México cambie, y que todos somos culpables del país que tenemos etc.” Eso ya lo sabemos. Lo que pretendo plantear es que los partidos políticos, no necesariamente los actuales, son la manera en la que se puede generar una representación organizada y más o menos especializada para legislar y dirigir al país.

La desconfianza a priori en los partidos es también un problema para nuestra democracia, y sin duda podría hacernos más susceptibles a los encantos de líderes populistas y mesiánicos. El contexto internacional se ha empeñado en recordarnos en los últimos años el peligro de la “anti-política”, de los líderes disruptivos que ganan inercia sólo con la crítica al sistema sin proyectos realistas de gobierno, de los referéndums sin medida, de la desconfianza absoluta en las instituciones. En Estados Unidos vimos ganar la presidencia a un outsider, en Gran Bretaña, Francia e incluso en Alemania hemos presenciado el desprestigio de los partidos tradicionales y en España fuimos testigos del fin de casi 40 años de bipartidismo.

En México la desconfianza a todo lo que suene institucional queda clara, por ejemplo, en el poco reconocimiento a la Marina como institución y el fervor a la perrita Frida, como si el binomio canino fuera una iniciativa ciudadana y no un programa público.

No hay duda que queda mucho por mejorar en todos nuestros partidos políticos, pero también queda mucho por sanar en la obstinación del ciudadano que no está dispuesto a creer que algo bueno pueda salir de ellos. La democracia representativa requiere del filtro “aristocrático” (por falta de término mejor) que generan los partidos.

La objeción obligada está en los candidatos independientes. Sin duda los independientes son una inyección de aire fresco a nuestra democracia. Deben ser disruptivos y tomados en serio. Sin embargo, los independientes no sustituyen la representación institucional de los partidos políticos. Los independientes a pesar de defender nobles causas (en el mejor de los casos), no cuentan con las herramientas para su permanencia, para la difusión de sus ideas y la especialización que puede venir de una plataforma partidista.

La otra objeción, un poco más lejana, puede venir de nuevas formas de representación directa habilitadas por la tecnología, democracias dinámicas o líquidas. Pero este enfoque tampoco es realista para la situación actual del país, ni lo será por muchos años. Intentar implementarlo puede traer más problemas y divisiones que ventajas.

Necesitamos mejores partidos políticos, pero eso sólo puede construirse con una sociedad civil exigente, con militantes honestos dispuestos a reformar desde dentro, y abriendo nuevas vías de participación. Los mexicanos queremos gozar de todas las ventajas de vivir en una democracia, pero no siempre queremos participar en los procesos necesarios para construirla y preservarla.

No podemos seguir entendiendo a los partidos políticos como enemigos, debemos, sin perder exigencia, contar con ellos para demandar transparencia, rendición de cuentas, y una mejor distribución de recursos. Limitar la acción de los partidos a renunciar a su presupuesto de campaña es tener una visión reducida del papel y el potencial que tienen en nuestra democracia.

Mi punto, en pocas palabras, es el siguiente: La desconfianza no razonada a los partidos en general es nociva para la democracia. Sí, hay miles de razones para desconfiar en los partidos, pero si creemos en la democracia debemos creer al menos como punto de partida en su legitimidad para representar y ser instrumentos de progreso.