La perspectiva de género, ¿un discurso vacío?

Es un día frio de invierno en Ottawa, la nieve anteriormente blanca se ensucia tras el paso de las botas que desfilan frente a un conjunto de estatuas donde se encuentran cinco mujeres sentadas en una mesa tomando el té en la colina del parlamento canadiense. Al pasar de los años, aún cuando las huellas desaparecen, esta estatua mantiene firme el legado de estas valientes mujeres quienes en 1927 inquirieron a la Suprema Corte si las mujeres eran “personas”.

La perspectiva de género se refiere a los procesos sociales y culturales construidos históricamente que atribuyen un carácter jerárquico a los géneros, otorgándoles roles y diferenciándoles con base al sexo. Este término cobró importancia en el año 1995 durante la Cuarta Conferencia sobre la Mujer donde los Estados se comprometieron a garantizar a las mujeres el acceso equitativo a oportunidades sociales, económicas y políticas. Años después, en la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe llevada a cabo en Brasilia en el 2010, se acordó adoptar todas las medidas de acción positiva, así como todos los mecanismos necesarios para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política. De igual manera, los partidos políticos se comprometieron a incorporar agendas con enfoques de género y participación igualitaria.

En cumplimiento a estos acuerdos, en el 2014 se aprobó en nuestro país una reforma que exigía que la mitad de las candidaturas que propusieran los partidos políticos se otorgaran a mujeres. Hoy, la LXIV legislatura, cuyo lema precisamente es “La legislatura de la paridad de género” ha logrado una cifra histórica: 48% de las curules son ocupados por mujeres en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado, la representación femenina es de un 49% del total.  Es digno de reconocer que, hasta ahora, una mayor presencia de las mujeres en el Congreso de la Unión se ha traducido en una mayor atención a los temas relacionados con las garantías de sus derechos tal como las reformas en materia del aborto, de la maternidad subrogada, de la llamada legislación “porno venganza”, de la promulgación de La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como de la creación del Instituto Nacional de las Mujeres.

Si bien es cierto que la legislación actual ha triunfado en estos aspectos gracias a la apertura de espacios en las candidaturas, lamentablemente ésto no se ha trasladado a los órganos de toma de decisiones como los órganos internos de los partidos o altos cargos dentro de las legislaturas, los cuales siguen siendo presididos por un mayor número de hombres. El simple hecho de que hoy en día exista un mayor porcentaje de mujeres en la política, no significa un triunfo per se, ni tampoco una mayor representación de los intereses de este sector.  Sin duda alguna, aún hay mucho por hacer.

A manera ilustrativa, se han dado casos de candidaturas simuladas como la penosa anécdota de “Las Juanitas”, la relegación de  mujeres a los peores sitios dentro de las listas electorales, la trata política de mujeres y el nepotismo cuando ante la imposibilidad de postulación de los varones, apuntan a familiares o personas de su confianza para poder seguir ejerciendo poder en la política bajo una pantalla de equidad. Hasta ahora las cuotas de género no han servido para garantizar un lugar a las mujeres dentro de la vida política, sino que han servido como un simple medio para llegar a ella.

Por lo demás, según el reporte del Índice de Desigualdad de Género del  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2018), la relación de hombres y mujeres con empleo es de 72% a 47,1% respectivamente. Así mismo, se señala que únicamente el 10% de las mujeres empleadas alcanza puestos directivos en América Latina, sin dejar de mencionar que las mujeres reciben en promedio un ingreso 8.3% menor que los hombres por el mismo trabajo realizado. Adicionalmente, persiste la discriminación y los estereotipos relacionados al hogar, al machismo, y a la violación de políticas de maternidad.

Otra medida muy controvertida en torno a la perspectiva de género ha sido el lenguaje inclusivo. Desde hace algunos años, la costumbre de decir “señoras y señores”, “niñas y niños”, se juzga como una escrupulosa precisión lingüística en homenaje a la equidad de género, pero que lamentablemente no va más allá de eso. En cambio, lo que sí es inquietante, es que según la Organización de las Naciones Unidas, vivimos en uno de los países con mayor violencia hacia las mujeres. En promedio, en México cada 24 horas se denuncian 80 casos de delitos como abuso sexual, pederastia y hostigamiento.

Ante esto, el gobierno ha implementado alertas de violencia de género, planteando desde protocolos de investigación sobre feminicidios hasta programas de prevención de la violencia. Sin embargo, en los 27 municipios de los tres estados de la república en los cuales se ha activado la alerta por violencia de género, (Estado de México, Jalisco y Morelos) la situación es grave y la alerta no ha logrado ningún cambio significativo. Según estimaciones de Amnistía Internacional,  con todo y alerta, ayer murieron 7 mujeres, hoy morirán 7 más y mañana morirían otras 7. Lo peor de todo, es que estos casos quedarán en su mayoría impunes o en algunos estados ni si quiera serán tipificados como feminicidios. Son ya tristemente bien conocidos reclamos de madres cuyas hijas salieron de casa sin saber que jamás volverían, madres como las de Mara, Fernanda, Katya o Abigail quienes fueron víctimas de violación o feminicidio por el simple hecho de haber nacido mujeres.

Sin embargo, nuestros legisladores siguen apostando a la ingenua creencia de que los problemas de género serán solucionados con solo la promulgación de leyes, como si la poca voluntad de todo un sector que no ha querido resolver estos problemas se pudiese con un plumazo o la desvelada de un legislador. La equidad de género se logrará -si llega a hacerlo- solamente a través de un proceso paulatino y de reforma continua, en el cual la perspectiva de género permanecerá por muchos años más dentro de las agendas políticas nacionales y globales.

Por tanto, es urgente encontrar soluciones de facto y no solo de iure. Debemos entender que tanto el lenguaje inclusivo, las cuotas y alertas de género y demás medidas en pro de la equidad de género, no son autónomas, sino que deben garantizar a su vez, las medidas necesarias para lograr condiciones en las cuales las mujeres podamos realmente contar con las mismas oportunidades que los hombres. Solo mediante cambios estructurales lograremos traducir la perspectiva de género en una mayor pluralidad de experiencias, visiones y preferencias que nos harán más conscientes de este problema, más tolerantes y, sobre todo, más inclusivos como sociedad.

La perspectiva de género ha servido como un mero espectáculo mediático y no como una medida de cambios sustanciales, que solo proyecta imágenes idealistas de la equidad de género, sin garantizar los medios necesarios para reducir la brecha salarial, la violencia política, la violencia de género o la trata de blancas. De esta manera, no podemos decir que hemos logrado ningún avance. Debemos vencer esta absurda división ente hombres y mujeres y acabar con la otredad para poder alcanzar la homogeneidad humana. Solo así es que algún día hombres y mujeres tendremos las mismas oportunidades no en función del género, si no en virtud de ser todos parte de algo mayor, más allá de esta distinción: de ser seres humanos dignos de respeto y reconocimiento.

91 años después del cuestionamiento planteado por “las cinco valientes” debemos preguntarnos si las mujeres realmente somos consideradas como personas no solo para efectos de ser elegibles para un cargo político, si no, para poder llevar una vida libre y plena, para lograr nuestras metas profesionales y personales; no solo porque una ley así lo diga o una autoridad así lo decrete. Lo que realmente nos hará iguales a hombres y mujeres más allá del lenguaje inclusivo y las acciones positivas son acciones concretas y no enmiendas, soluciones y no paliativos, cambios y no disculpas ni condolencias, acciones y no discursos vacíos.

Por: Rubí Márquez Alonso

Estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana. Tiene un Diplomado en Oratoria, Liderazgo y Comunicación Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Cámara de Diputados. Labora como asistente legal en la notaría pública no. 2 y en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Orizaba. Es presidenta de Liderazgo Internacional, A.C. y anteriormente se desempeñó como diputada juvenil, campeona estatal y nacional de concursos de oratoria, debate y modelos de Naciones Unidas.

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