El mérito: un valor diluido en el servicio público

Recientemente el presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció tres cosas [1]: la primera, que congelará su sueldo y el de los altos cargos; segundo, despedir al 25% de los cargos de confianza del gobierno argentino; y tercero, la prohibición a los ministros de Estado para que puedan tener familiares trabajando dentro de las instituciones que encabezan. En este sentido, el anuncio lleva a hacer un análisis desde diferentes visiones; en primera instancia, la medida pudiera resultar atractiva ante la opinión pública y un amplio sector de la sociedad que exige un cambio en la manera de gobernar, seguramente la aprueba; sin embargo, hay que detenerse a pensar en todas las implicaciones que una decisión de ese tamaño tiene para el funcionamiento de las organizaciones públicas de aquel país sudamericano, como un ejemplo de lo que sucede en cualquier administración pública latinoamericana. Contrario a los posibles beneficios que puedan resultar de las acciones anunciadas, se hace necesario plantear las siguientes interrogantes:

  • ¿Congelar los sueldos de los servidores públicos repercutirá en la dignificación de su labor como servidores públicos?
  • ¿Se habrá hecho el análisis correspondiente para determinar que es necesario despedir al 25% de los cargos de confianza del gobierno argentino?
  • ¿Despedir a los familiares de los ministros que trabajan en las instituciones habla de un sistema de  ingreso al servicio público deficiente?

Más allá de las dos primeras interrogantes, (que son objeto por sí mismas de otro profundo análisis) me he de concentrar en lo relacionado a la tercera de ellas: la prohibición para que los ministros puedan tener familiares trabajando en el gobierno. Desde mi punto de vista, la medida refleja cierta debilidad institucional en el ingreso al servicio público en la administración pública argentina. Me explico: si estos ministerios ya hubieran consolidado un adecuado proceso de ingreso y atracción del talento por medio de un servicio profesional de carrera adecuado, y que incluso gozara de legitimidad, no se haría necesario realizar la exclusión automática de familiares de los ministros, ya que bajo este supuesto ideal las personas que forman parte de las organizaciones públicas, ocuparían su encargo apegadas a un valor fundamental: el mérito.

Pero… ¿qué se necesita entonces para contar con un adecuado sistema de ingreso al servicio público?

Primero, voluntad política para que la visión de las cúpulas políticas y administrativas asuman como una prioridad la implementación de un servicio profesional de carrera, que beneficie la atracción, el desarrollo y la retención del talento humano, contrarrestando la visión de botín y el compadrazgo en la ocupación de posiciones al interior de las instituciones públicas. Segundo, contar con especialistas que formulen un servicio profesional robusto que contemple que, para incorporarse a él se tomen en cuenta los conocimientos, la experiencia, las habilidades, aptitudes, competencias y sobre todo vocación por el servicio público, ésta última como un requisito indispensable para ayudar a devolver credibilidad a los servidores públicos, dignificar su labor, y entregar mejores resultados a la sociedad. Y tercero, contemplar los mecanismos para que el servicio profesional pueda ser evaluado, y actualizado, esto permitirá hacer dinámico el proceso de atracción, desarrollo y retención del talento ya que las personas no son estáticas y sus necesidades, intereses y desarrollo irán cambiando con el paso del tiempo.

Ahora bien, ¿qué hay del caso mexicano?

Según el último informe: “Panoramas de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017” [2]:, que fue realizado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), en el apartado sobre la Gestión de Recursos Humanos, de 2004 a 2012-2015, México cayó o se estancó en todos los índices: mérito en el servicio civil, gestión de compensación, y capacidad institucional de la agencia de servicio civil. En este contexto, países como Brasil y Chile consiguieron altas puntuaciones y mejoras considerables en la materia, pero no sólo ellos, Ecuador, El Salvador y Perú lograron mejorar su sistema de Gestión de Recursos Humanos de forma considerable; por lo que el estancamiento mexicano se ve contrastado con la realidad de todos estos países en la agenda de la profesionalización del servicio público.

Imagen 1

Los números reflejan el estancamiento y abandono del Servicio Profesional de Carrera en el Gobierno Federal, y la nula implementación en los gobiernos estatales y municipales de un servicio civil. En este contexto, las próximas elecciones son un motivo perfecto para que, tanto las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los mismos servidores públicos, subamos el tema a la agenda pública nacional, y planteemos un serio debate sobre la necesidad de robustecer, actualizar, y para el caso de municipios y estados, implementar servicios civiles que ponderen el activo más importante de cualquier institución pública: las personas que las integran.

Dignificar el servicio público es una tarea que nos corresponde a todos. Esto coadyuvará en buena medida para transformar la percepción social de los servidores públicos en dos sentidos; primero, para que seamos vistos como los agentes que cristalizarán los cambios en las administraciones públicas; y por otro, como las personas que bloqueen, señalen y propicien el castigo de quienes hacen un mal uso del ejercicio del poder público que se les confiere.

Apostarle a la profesionalización del servicio público requiere de un cambio de paradigma, ya que, además de requerir recursos financieros, se necesita cambiar la negativa percepción existente de que las instituciones públicas son un botín que nos es prestado por cierto periodo de tiempo y que por lo tanto habremos de vaciar lo más rápido posible, antes de que se nos venza el plazo.

El mérito es el valor fundamental por el cual se debe ingresar al servicio público, bajo una visión a mediano y largo plazo. Con ello, se encontrará el camino adecuado para que en un futuro no se haga necesario tomar medidas como las que recientemente ha implementado el presidente argentino, Mauricio Macri.

Gonzalo Alberto Vera Carmona

Servidor público. Licenciado en Gobierno y Administración Pública por el INAP. Fundador del Portal de Administración Pública. Cofundador de Enlace Latinoamérica.

 

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[1] https://elpais.com/internacional/2018/01/29/argentina/1517233348_239442.html  “Macri congela el sueldo del Gobierno y prohíbe contratar a familiares para mejorar su imagen”, El País, consultado el 29 de enero de 2018.

[2]  https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7979/Panorama-de-las-Administraciones-Publicas-America-Latina-y-el-Caribe-2017.pdf ,consultado el 31 de enero de 2018.

 

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