Los culpables de siempre

Por: Bernardo Sainz

El pasado 19 de septiembre, junto con la tragedia, despertó la ciudadanía. Historias de solidaridad, ejemplos de civismo y diversas propuestas políticas y sociales llenaron nuestras conversaciones y muros de Facebook. Las demandas de la sociedad para mejorar los controles y procedimientos de construcción y los protocolos de emergencia no se hicieron esperar, las críticas generales al gobierno tampoco. Sin embargo, hubo un reclamo ciudadano que me llamó la atención más que el resto: la exigencia a los partidos políticos para que destinen el presupuesto de las campañas electorales al fondo para desastres o a la reconstrucción de las zonas afectadas.

¿Por qué esa tendencia generalizada a que un fondo preciso y limitado por ley se utilizara para el desastre y no otros? ¿Por qué no se juntaron firmas para quitar dinero de los aguinaldos de legisladores o de lo incautado a Javier Duarte? Sí, las campañas políticas son un despilfarro injustificado y la calidad de nuestros partidos políticos es en general deplorable, sin embargo, creo que hay varios puntos a reflexionar en cuanto a la naturalidad con la que se dio esta inmensa petición ciudadana, que incluso llegó a batir records en change.org.

Lo interesante de la cuestión es que parece que lo único que nos une tanto como la ayuda al prójimo en tiempos de necesidad es nuestra aversión a los partidos políticos. La legitimidad de los partidos mexicanos está por los suelos y todos estamos hartos de las estériles campañas electorales. A pesar de esto, creo que el trasfondo de este rechazo va más allá. Me sorprendió ver, derivado de la crisis, a muchas personas cuestionando la existencia misma de los partidos políticos.

En principio se entiende la necesidad que teníamos los mexicanos de buscar un chivo expiatorio y nadie mejor que los partidos para culpar de nuestros males, aunque estos vengan en forma de movimientos tectónicos. En México los partidos son el objetivo perfecto para que la ciudadanía descargue su enojo con el sistema simplemente porque “todos son iguales, son una bola de rateros”.

La pregunta es burda, simple y amplia, y tal vez no tendría lugar en otras democracias modernas: ¿Son necesarios nuestros partidos políticos? En otras palabras: ¿Son los partidos en México un mal necesario o un bien mal implementado?

No milito en ningún partido, y creo que más de uno de los partidos actuales no debería de existir. Sin embargo, si pretendemos vivir en una democracia moderna, para bien o para mal debemos creer en los partidos políticos.

No los voy a marear con la misma cantaleta de siempre: “cada uno tiene que cambiar para que México cambie, y que todos somos culpables del país que tenemos etc.” Eso ya lo sabemos. Lo que pretendo plantear es que los partidos políticos, no necesariamente los actuales, son la manera en la que se puede generar una representación organizada y más o menos especializada para legislar y dirigir al país.

La desconfianza a priori en los partidos es también un problema para nuestra democracia, y sin duda podría hacernos más susceptibles a los encantos de líderes populistas y mesiánicos. El contexto internacional se ha empeñado en recordarnos en los últimos años el peligro de la “anti-política”, de los líderes disruptivos que ganan inercia sólo con la crítica al sistema sin proyectos realistas de gobierno, de los referéndums sin medida, de la desconfianza absoluta en las instituciones. En Estados Unidos vimos ganar la presidencia a un outsider, en Gran Bretaña, Francia e incluso en Alemania hemos presenciado el desprestigio de los partidos tradicionales y en España fuimos testigos del fin de casi 40 años de bipartidismo.

En México la desconfianza a todo lo que suene institucional queda clara, por ejemplo, en el poco reconocimiento a la Marina como institución y el fervor a la perrita Frida, como si el binomio canino fuera una iniciativa ciudadana y no un programa público.

No hay duda que queda mucho por mejorar en todos nuestros partidos políticos, pero también queda mucho por sanar en la obstinación del ciudadano que no está dispuesto a creer que algo bueno pueda salir de ellos. La democracia representativa requiere del filtro “aristocrático” (por falta de término mejor) que generan los partidos.

La objeción obligada está en los candidatos independientes. Sin duda los independientes son una inyección de aire fresco a nuestra democracia. Deben ser disruptivos y tomados en serio. Sin embargo, los independientes no sustituyen la representación institucional de los partidos políticos. Los independientes a pesar de defender nobles causas (en el mejor de los casos), no cuentan con las herramientas para su permanencia, para la difusión de sus ideas y la especialización que puede venir de una plataforma partidista.

La otra objeción, un poco más lejana, puede venir de nuevas formas de representación directa habilitadas por la tecnología, democracias dinámicas o líquidas. Pero este enfoque tampoco es realista para la situación actual del país, ni lo será por muchos años. Intentar implementarlo puede traer más problemas y divisiones que ventajas.

Necesitamos mejores partidos políticos, pero eso sólo puede construirse con una sociedad civil exigente, con militantes honestos dispuestos a reformar desde dentro, y abriendo nuevas vías de participación. Los mexicanos queremos gozar de todas las ventajas de vivir en una democracia, pero no siempre queremos participar en los procesos necesarios para construirla y preservarla.

No podemos seguir entendiendo a los partidos políticos como enemigos, debemos, sin perder exigencia, contar con ellos para demandar transparencia, rendición de cuentas, y una mejor distribución de recursos. Limitar la acción de los partidos a renunciar a su presupuesto de campaña es tener una visión reducida del papel y el potencial que tienen en nuestra democracia.

Mi punto, en pocas palabras, es el siguiente: La desconfianza no razonada a los partidos en general es nociva para la democracia. Sí, hay miles de razones para desconfiar en los partidos, pero si creemos en la democracia debemos creer al menos como punto de partida en su legitimidad para representar y ser instrumentos de progreso.

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