Pronuciamiento sobre el proceso de Elección del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

H. Congreso del Estado de Jalisco 

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

 

A la opinión pública

Ref: Pronuciamiento de la Red Mexicana para el Servicio Público sobre el proceso de Elección del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

La Red Mexicana para el Servicio Público hace un atento llamado al H. Congreso del Estado de Jalisco para que, en acato a sus obligaciones constitucionales y en apego a los principios de un Estado democrático de derecho, se asegure que la convocatoria para nombrar al próximo Presidente de la CEDHJ establezca criterios y reglas adecuadas para que la elección se realice de forma transparente, incluyente, participativa y abierta. Esto implica organizar un proceso ampliamente difundido, con reglas claras y previamente definidas que permitan a la participación sustantiva de todos los perfiles interesados y de las organizaciones civiles involucradas en la defensa de los derechos humanos.

Este año culmina el segundo término del C. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián como Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). Conforme al artículo 35, fracción XII de la Constitución Política del Estado de Jalisco, corresponde al Congreso del Estado elegir a la persona que deberá ocupar dicho cargo a partir del próximo 2 de agosto de 2017. En este momento, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso debe discutir y aprobar los términos de la convocatoria que definirá los criterios y procesos para elegir al nuevo Ombudsman jalisciense.

En este contexto, algunos actores de la sociedad civil jalisciense han manifestado su preocupación ante la falta de transparencia y de inclusión en el proceso ventilado por los representantes populares.[1] Además, una nota periodística han mencionado que el propio Presidente de la CEDHJ, al ser cuestionado sobre la próxima elección, manifestó que “no tengo el alcance político para imponer a un sucesor”[2] en lugar de defender la necesidad de adoptar un proceso imparcialidad, objetivo y transparente. Estos son indicadores preocupantes sobre la calidad del proceso que se está implementando en Jalisco para tan importante decisión pública.

Las Comisiones Estatales de Derechos Humanos son instituciones claves para el buen desempeño de la función pública en México. A través de sus facultades de documentación de violaciones e impugnación de políticas violatorias de los derechos humanos, las Comisiones son engranes importantes para la rendición de cuentas en los sistemas políticos mexicanos. Los Ombudsman cumplen la importante misión de proteger, promover y defender los derechos humanos de todos los mexicanos, frente a los posibles abusos, malos usos y negligencias del poder estatal. Incluso, ante las fallas del sistema de justicia, en muchas ocasiones las Comisiones constituyen la última esperanza para que víctimas de violaciones a derechos humanos persigan justicia y reparación.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos subraya esta importancia. Los Principios de París aprobados por la Organización de Naciones Unidas reconocen la necesidad de garantizar la independencia y el pluralismo de las instituciones nacionales de derechos humanos.[3] De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que los procesos de elección de los operadores de justicia están estrechamente relacionados con la obligación internacional de garantizar un acceso eficiente a la justicia y una protección adecuada de los derechos humanos.[4] En ese sentido, el derecho internacional de los derechos humanos, incorporado en México a través del artículo 1° Constitucional, obligan al Congreso a organizar un proceso transparente de elección que garantice a los jaliscienses acceso a una CEDHJ independiente, objetiva e imparcial para la protección de sus derechos humanos.

Los ciudadanos de Jalisco merecen contar con un Ombudsman independiente e imparcial que proteja efectivamente los derechos humanos y ejerza un control efectivo sobre el resto de autoridades gubernamentales en la materia. El Congreso no debe escatimar ningún esfuerzo para asegurarse que el candidato electo sea el perfil más adecuado para cumplir esta alta responsabilidad.

La Red Mexicana para el Servicio Público es un colectivo ciudadano conformado por jóvenes estudiantes y profesionistas comprometidos con la función pública de nuestro país. Sus integrantes provienen de más 15 estados de la república y son a la vez integrantes de la Red para el Fortalecimiento de la Función Pública de América Latina. Su objetivo es fomentar que el talento joven encause su vocación por el servicio público y la desempeñe de una forma leal y ética.

Atte

Red Mexicana para el Servicio Público

[1] https://www.eloccidental.com.mx/local/piden-ongs-transparencia-en-eleccion-de-presidente-de-cedhj

[2] Maricarmen Rello, “No Tengo el Alcance Político para Imponer a un Sucesor”:Ombudsman, http://www.Milenio.com, 31 de marzo de 2017, disponible en: http://www.milenio.com/region/felipe_jesus_alvarez_cribrian-derechos_humanos_jalisco-cedhj-milenio_noticias_0_929907037.html

[3] ONU-AG, Principios Relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales, Anexos a la Resolución 48/134, 1992.

[4] CIDH, Garantías para la Independencia de las y los operadores de Justicia: Hacia el Fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 44, 5 diciembre 2013, párr. 56 y ss.

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